DEFINIENDO LA CONSERVACIÓN: EL CASO DEL PARQUE NACIONAL IGUAZÚ, ARGENTINA

NANCY ARIZPE

Palabras Clave: Conservación, Parque Nacional Iguazú, aldeas guaraníes, colonos, empresas forestales
​Conservación y Áreas Protegidas
Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) constituyen formas particulares de presencia del Estado, definiendo, delimitando y visualizando territorios. Las ANP emergen de las formas en que los Estados construyen los espacios, por tanto, no solo son formas de gubernamentalizar los territorios, sino también de darle impronta física al espacio de gobierno (Scott, 1998). Desde las últimas décadas del siglo XX, nuevos actores se suman de manera novedosa a este proceso: los mercados, junto a las agencias internacionales de conservación, intervienen con fuerza en la gestión de las ANP,  al comodificar la naturaleza, las poblaciones y los espacios.
Desde fines del siglo XIX, el modelo de conservación predominante a nivel mundial ha llevado a crear ANP bajo la premisa de que es necesario preservar determinados espacios naturales de la presencia humana, lo que ha llevado a excluir a los intereses de las poblaciones rurales e indígenas de la conservación. Este tipo de políticas recibieron fuertes críticas durante todo el siglo XX, y en las últimas décadas del siglo se planteó de forma sistemática la necesidad de trabajar más allá de las ANP, dejar de manejar estas áreas como islas amenazadas por el entorno, lo que a largo plazo ha profundizado el aislamiento ecológico. Las nuevas tendencias impulsaron el trabajo a nivel ecosistémico, donde se busca conectar ambientes, crear corredores biológicos y trabajar a nivel de ecorregiones. A su vez, también se iniciaron discusiones tendientes a incorporar a las poblaciones locales en la gestión de las ANP.
En torno al Parque Nacional Iguazú (PNI), en el noreste de Argentina, entre los años 2004 y 2012, las autoridades del Parque, junto a agencias no gubernamentales de conservación y agencias de cooperación internacional, en particular la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo (AECID) y la Japan International Cooperation Agency (JICA), impulsaron programas de conservación que buscaron incluir a las poblaciones humanas que viven en torno a este ANP. En este marco, se puso énfasis en la necesidad de reconvertir las actividades productivas de los pequeños productores locales hacia formas de producción sustentable. Este movimiento dentro de las políticas de conservación derivó en un boom de programas de educación ambiental, en particular en las escuelas rurales de la región.
Las voces de los actores y la conservación
A continuación detallamos los principales agentes que, sumados a los Estados nacional y provincial ya mencionados, están involucrados en la gestión del área en torno al ANP. Estos son el Sector Forestal, los colonos, los mbya-guranarí, el sector turístico y las agencias de desarrollo.
Sector Forestal
Aproximadamente, un 50% del límite sur del PNI limita con la empresa transnacional forestal Alto Paraná S.A. (APSA), de capitales chilenos. El forestal es el principal sector productivo de la provincia, y en torno a esta empresa gravita buena parte de la economía regional, tal es así que en la actualidad la empresa es propietaria de más del 8% de la superficie provincial. La actividad forestal en el área se concentra en la reconversión de la masa boscosa en cultivos de coníferas (principalmente pino ellotis, y taeda, ambas especies nativas de Norteamérica). Grupos ambientalistas locales han señalado reiteradamente que esta empresa es una de las principales responsables de la reducción de la selva paranaense. A partir de lo cual, APSA ha elaborado un plan de manejo donde asume que “la protección y la conservación del medio ambiente, así como la protección y la preservación de la vida de las personas, son prioridades fundamentales para el desarrollo de sus actividades en el largo plazo y, además, una contribución hacia las comunidades vecinas a su área de influencia y hacia las generaciones futuras” (Alto Paraná, 2008). En esta misma línea de acción, APSA creó, en 1999, dentro de su lote y lindando con el PNI, una reserva natural privada, la Reserva Forestal Privada San Jorge. A su vez, la empresa mantiene convenios con diferentes agencias gubernamentales y nacionales como la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Misiones para desarrollar planes de manejo. Otro convenio importante en materia de conservación e investigación se ha establecido con el Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico, donde la empresa participa y apoya diversos proyectos de investigación en temas biológicos dentro de su terreno.
Los colonos
El límite Este del PNI está poblado por “colonos”, denominación local para los pequeños y medianos productores rurales, quienes organizan su explotación en torno al trabajo proveniente de las unidades domésticas. La actividad productiva más importante se encuentra en el cultivo del tabaco, té y yerba mate,  los cuales se destinan mayormente a ser comercializados; mientras que los que también producen cultivos anuales se destinan al consumo familiar.
La caza furtiva realizada por los colonos es la principal fuente de conflictos y tensiones frente al personal del PNI. Entre las autoridades del PNI y los biólogos predominan dos tipos de posiciones respecto a la caza ilegal. Por un lado, encontramos un conjunto de respuestas, que podemos denominar de corte materialista, donde se considera que la caza es producto de necesidades energéticas. Desde este supuesto, los colonos cazarían  para contar con carne para ser consumida en su núcleo familiar. Al otro conjunto de respuestas podemos llamarlo de corte cultural y apunta a que se caza por costumbre, “porque forma parte de la tradición de los colonos”, “porque la gente no tiene conciencia del daño que hace”, e incluso algunos guardaparques postulan que los pobladores cazan “porque son criminales”, considerando que la falta de respeto a las leyes es intrínseca a este grupo social. Ambas posiciones no se oponen totalmente, sino que suelen complementarse, aunque con peso desigual, en los discursos de los agentes de conservación. Pero para los cazadores, la caza es una actividad recreativa, practicada porque genera esparcimiento, diversión y, sobre todo, porque es un desafío frente a los guardarparques. Si bien los cazadores consumen la carne de las presas, éste no es el objetivo principal de la caza. Los cazadores ingresan al monte para competir con los guardaparques en un juego donde se mide la masculinidad, quién conoce más el comportamiento de la fauna nativa, el seguimiento de rastros, y quién es más astuto. De manera que las políticas de conservación no se imponen simplemente sobre el terreno y poblaciones, sino que toman su forma en las interacciones y en lo que podemos llamar una arena política local (Ferrero, 2009).
​Mbya-guaraníes
Uno de los actores sociales más relegados en cuanto a temas de conservación son las comunidades de la etnia mbya-guaraní. El territorio del PNI y zonas aledañas, históricamente fueron habitados por guaraníes y otras comunidades originarias, hoy muy dispersas o extintas. Hasta mediados del siglo XX, las comunidades indígenas basaban su economía en la horticultura, caza y recolección en los montes nativos, tanto dentro del PNI como fuera. La forestación y la agricultura degradaron el monte nativo de forma prácticamente irreversible, con fuerte impacto sobre los mbya-guaraníes, perdiendo territorio y los sustentos que obtenían de la selva.
Actualmente, existen diversos tipos de aldeas guaraníes aledañas al PNI, desde las más influenciadas por la urbe y el sector turístico, hasta aquellas localizadas en zonas rurales, donde los pobladores tienen ciertas posibilidades de dedicarse a la caza y recolección, aunque sus ingresos principales derivan de emplearse como peones en las chacras vecinas y recibir subsidios del Estado. Las aldeas aledañas al PNI encuentran uno de sus principales fuentes de recursos económicos en la venta de artesanías dentro del Parque. Esta actividad es regulada en forma conjunta por los caciques de las comunidades y las autoridades del PNI. Esto ha sido beneficioso, según los miembros de las aldeas, ya que permite llegar a mayor cantidad de turistas y disminuye las disputas entre artesanos de distintas comunidades. El PNI y otras entidades de cooperación han trabajado con los guaraníes, principalmente, en temas de educación ambiental. Pero la voz de los guaraníes es una de las menos escuchadas, ya que éstos contribuyen poco a la economía de la región y, sin embargo, es utilizada como un emblema de conservación en cuanto a usos y costumbres del monte.
​Otras Agencias de Conservación
En torno al PNI actúan diversas agencias de conservación y desarrollo no gubernamentales locales. Pero las agencias internacionales AECID (Agencia Española para la Cooperación Internacional y el Desarrollo) y JICA (Agencia Japonesa para la Cooperación Internacional), son las de mayor peso en el área (por fuera del Estado local) por los recursos que movilizan, el largo plazo y la amplia expansión territorial de sus proyectos. La AECID, junto con el Ministerio provincial de Ecología y la Administración del PNI, integraron el Proyecto regional de Araucaria XXI (2007-2011) en el norte de Misiones. Entre sus objetivos se presentó la conservación del patrimonio natural y gestión sostenible de los bienes y servicios ambientales que ofrece el bosque atlántico, y respaldar la investigación aplicada para la obtención de bases científicas para el diseño de políticas de desarrollo sostenible. Este proyecto planteó las bases del plan de manejo del PNI (2013) en temas de  desarrollo rural y turístico.
La JICA participó en diseñar acciones de conservación y desarrollo en el amplia área de influencia hacia el Este del PNI que abarca varios municipios, denominado Proyecto Caburé-í. Si bien su labor se extendió entre 2003 y 2006, aún (2013) están en marcha las principales propuestas sobre cómo trabajar  a nivel de conservación de cuencas, así como en la localidad de Andresito, donde aún está en funcionamiento un ecolodge creado por esta agencia Japonesa.
Sector turístico
En torno del PNI se está experimentando un acelerado crecimiento turístico. Éste es uno de los principales destinos turísticos de Argentina, con más de un millón de vistas anuales desde 2011[2]. Desde el Estado provincial y la Administración del PNI se impulsa un modelo de turismo ligado a la selva y a las Áreas Naturales Protegidas. Este modelo es propuesto como capaz de conciliar la protección de la naturaleza con el desarrollo, atrayendo inversiones y asignando valor a la selva. La propuesta para el área vecina al PNI es que se establezcan ecolodges y circuitos que promuevan el turismo hacia las regiones vecinas, más allá de las cataratas. Se postula que estos emprendimientos implicarán beneficios sociales y económicos locales, así como ecológicos. El principal beneficio ecológico radica en que el empleo en el sector turismo contrarrestará las prácticas degradantes del ambiente desarrolladas por los productores rurales (desmontes, uso de agroquímicos). Los beneficios sociales y económicos consisten en que se generarán puestos de trabajo para los pobladores rurales, a su vez que éstos podrán vender su producción a los emprendimientos turísticos. En torno al Parque existen tres ecolodges, uno con más de una década de establecido, y otros dos creados en 2012, todos trabajando sobre todo con turistas extranjeros. A su vez, desde la presidencia del PNI se ayudó a consolidar circuitos turísticos dentro de las aldeas mbya-guaraní, cuyos guías y manejo están a cargo de los indígenas. Así mismo, el PNI ha creado dentro de su predio una “maloca”, espacio donde los guaraníes comercializan sus artesanías. Todo esto ha llevado a que la fabricación y venta de artesanías sea la principal actividad económica de las aldeas.
La tendencia general es de un acceso diferencial a los beneficios que reporta el turismo. Quienes cuentan con un mayor capital y acceden a redes del sector turístico y político, sacan mayor provecho. Pero los productores menos capitalizados, en el mejor de los casos, solo alcanzan a proveer a los emprendimientos con productos agrícolas, y aportan personal de baja especialización y con bajos salarios, tales como mucamas, carpinteros, jardineros, etc. El modelo turístico implementado tiene uno de sus puntales en atraer grandes inversiones de capital, mientras pasa a un segundo plano la participación de las poblaciones rurales e indígenas.
Definiendo una nueva conservación
En la última década, desde las diversas agencias de conservación estatales como no estatales, se han desarrollado intentos de integrar a la población local. Si bien el Plan de Manejo del PNI, aprobado en 2013, tiene un tono participativo y busca reconsiderar las estrategias de conservación en la zona de amortiguamiento, aún es necesario prever los intereses económicos presentes en la región, en particular de  los sectores forestal y turístico. Por tanto, es una prioridad que se abra la discusión sobre las posiciones de poder relativas de todos los actores sociales presentes, para no caer en formas ingenuas de participación, que no pasen de ser ficciones basadas en propuestas simplistas de igualdad. De manera que consideramos que los espacios de poder deben ser pensados como campos de lucha donde confrontan y negocian actores con intereses divergentes. Por ejemplo, entre los funcionarios del PNI existen quienes consideran que la población local es una amenaza a la conservación y están a favor de políticas represivas más severas, mientras que otros se enfrentan señalando que muchos problemas se resolverían con acciones que integren a los locales en la gestión del Parque. Las relaciones de poder son desiguales, pero el entramado de actores presentes no permite considerar que las políticas sean totalizantes o unidireccionales. Por tanto, la conservación debe comenzar a ser pensada como proceso de negociación en lugar de imposiciones sobre el territorio y las poblaciones humanas que lo habitan. Para esto, es necesario que quienes generan e implementan las políticas de conservación reconozcan que la cultura, y las predisposiciones a colaborar, se construyen a partir de transformaciones de condiciones sociales y no son una herencia cerrada y difícil de transformar que solo puede ser abordada mediante talleres y charlas de educación ambiental.
Referencias
ALTO PARANA, “Plan de manejo Forestal”,  Informe anual. Misiones, Argentina, 2008.
ELIAS, Norbert, Sociología fundamental, Gedisa, Barcelona, 1982.
FERRERO, Brián, “Caza, masculinidad y ambientalismo. Transformaciones en la práctica cinegética en el norte argentino”,  Suplemento Antropológico, CEA. Universidad Católica de Asunción, Vol. XLIII, N° 2. Junio, 2009.
KOROL, Sebastián, “Informe El caso de Alto Paraná S.A. en la Provincia de Misiones”, Revista Superficie[3], 2011.
MIÑO G., SCALERANDI V., “Proyecto de Ordenamiento Territorial de la Provincia de Misiones”, Convenio AECI-APN-Gobierno de Misiones Relevamiento e identificación de actores sociales y proyectos en marcha, Puerto Iguazú, Misiones, 2005.
SCOTT, James, “Seeing like a state: How certain schemes to improve the human condition have failed”, New Haven: Yale University Press, [AKG], 1998.

Nancy Arizpe ​

​​es argentina, estudiante postdoctoral del “Center for Integrative Conservation Research,” de la “University of Georgia”, EUA. Investigadora de CONICET y docente de la Universidad  Nacional de Misiones, Argentina. Autora de muchos artículos sobre ecología para la correspondencia virtual.