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ORO EN EL AMAZONAS
Un polémico proyecto extraerá el preciado metal en la región donde se construye la conflictiva hidroeléctrica de Belo Monte 
La noticia de que Brasil planeaba construir en plena selva amazónica una de las mayores centrales hidroeléctricas del mundo alcanzó notoriedad mundial en 2010, cuando celebridades como el cineasta James Cameron o el músico Sting viajaron a la región de Volta Grande do Xingú, en el estado de Pará, y denunciaron el proyecto de Belo Monte, una enorme represa que desviará el curso del río Xingú, uno de los mayores de la Amazonia brasileña. Los ecologistas alertaron de las consecuencias imprevisibles e irreversibles de la obra, las comunidades indígenas afectadas protestaron en Brasilia, los científicos plantearon fallas técnicas que llevarán a la infrautilización de la presa y los jueces pararon varias veces la obra. Sin embargo, el proyecto salió adelante, gracias a la firme voluntad política de Lula da Silva y su sucesora, Dilma Rousseff.
Mientras la opinión pública se escandalizaba con Belo Monte, las concesiones mineras pasaban mucho más inadvertidas. Sin embargo, en esa misma área del río Xingú, aprovechando incluso las infraestructuras de las obras de la central hidroeléctrica, se ha concedido la licencia a uno de los mayores proyectos de extracción de oro en Brasil: Volta Grande Gold, que contará con una inversión de 1.075 millones de dólares y tendrá una vida útil estimada en doce años. De estas infraestructuras prestadas por las obras de la central de Belo Monte se enorgullece en su página web la empresa propietaria del proyecto aurífero de Volta Grande, la canadiense Belo Sun Mining Corp. La compañía, creada en 2010 y especializada en la extracción de oro en Brasil, resalta en su portal el potencial del norte brasileño –la región amazónica- para la extracción de oro y otros minerales. Las reservas auríferas en la región se calculan en unos 2,85 millones de onzas de oro (unas 80 toneladas) más otros dos millones de onza probables. Además, en el río Xingú se han descubierto, recientemente, importantes yacimientos de bauxita, cobre, níquel, uranio, fósforo, fosfato y otros preciados minerales. El otro gran proyecto de Belo Sun se encuentra también en el estado de Pará, en la región de Tapajós, donde ya existen otra decena de grandes proyectos de extracción de oro que están en proceso de licencia, también para compañías canadienses, como ha publicado Correio da Cidadania. De hecho, según se constata en el estudio de impacto medioambiental de Belo Monte, 18 empresas están autorizadas para investigar las riquezas mineras de la región Volta Grande do Xingú. En junio del pasado año se emitió el informe de impacto medioambiental del proyecto Volta Grande Gold, que destacaba el “equipamiento de tecnología punta” que se utilizará y la necesidad de infraestructuras para el desarrollo de la región. Sin embargo, y este es el principal punto polémico, ni siquiera se mencionaba la presencia de comunidades indígenas. Y ello pese a que, ya en el estudio preliminar a las obras de Belo Monte, la Fundación Nacional del Indio (Funai) advirtió de que la zona la habitan indígenas voluntariamente aislados. La Constitución brasileña de 1988 protege los derechos de los indígenas. En su artículo 231, afirma que las comunidades aborígenes deben ser escuchadas y participar activamente en cualquier proceso que pueda influir su estilo de vida. Sin embargo, la reglamentación legal de este artículo nunca se produjo. En el caso de Belo Sun, las comunidades indígenas y campesinas que temen verse afectadas han solicitado al Ministerio Público brasileño que se consideren las consecuencias sociales y ambientales del proyecto. Su lucha no será fácil, a la vista del precedente de Belo Monte, y de que el propio Plan Nacional de Minería (PNM) 2030, hecho público en mayo de 2011, plantea explícitamente el objetivo de obtener el permiso de apertura en tierras indígenas, a fin de ampliar “el objetivo de actuación del sector (minero) en la región norte”. Los motivos económicos no son los únicos que animan al Gobierno a fomentar la industria minera en la sensible región amazónica. De un lado, los estrategas militares brasileños defienden desde tiempos de la dictadura la presencia de minas en las tierras indígenas, para evitar que éstas se conviertan en territorios cerrados e inaccesibles, como es hoy la reserva Ianomami. Brasil sabe de la importancia geopolítica de su Amazonia, cuya soberanía defienden sus ciudadanos con uñas y dientes. La propuesta de que la comunidad internacional –en la práctica, las potencias hegemónicas- se haga cargo de un Amazonas elevado a la categoría de patrimonio de la humanidad profundizó esa sensación. Y cada vez más brasileños toman conciencia de que la Amazonia es una de las regiones del planeta más ricas en recursos escasos, desde minerales e hidrocarburos a plantas medicinales, tierra y agua. Tal vez ésta sea, muy pronto, más valiosa que el oro: de ahí las críticas de los ecologistas a la extracción de este mineral en explotaciones a cielo abierto, como será la de Belo Sun –aunque no se descarta la extracción profunda-, un proceso altamente contaminante en el que se emplean grandes cantidades de agua para la separación de la piedra del oro. Cambio legal El proyecto de Belo Sun llega en un momento decisivo para la minería en Brasil. La industria minera observa con atención el cambio en la legislación del sector, que se encuentra en trámite en el Congreso Nacional brasileño desde hace años. La reforma del antiguo Código de 1967 y la creación de la nueva Agencia Nacional Minera tendrán como principal consecuencia que el Gobierno pase a adjudicar los derechos de explotación mineros, que hoy las empresas obtienen por orden de llegada. Las nuevas autorizaciones han sido suspendidas hasta que entre en vigor el nuevo Código, por lo que el sector está presionando para que se apruebe cuanto antes la nueva ley. “Lo que está en juego es la propiedad de las riquezas naturales de la Amazonia, en manos del capital”, aseguran en la Pastoral de la Tierra, muy activa en la defensa de los derechos de los indígenas. La Pastoral ha denunciado los numerosos casos de amenazas e intimidación, que en muchos casos terminan en asesinato, contra los activistas locales que intentan frenar el avance de esos intereses. En Brasil, una media de 30 defensores de la selva han sido asesinados cada año en las últimas décadas, aunque sólo aparezca en las portadas de los diarios cuando se dan casos como el que sucedió a mediados del año pasado, cuando cinco activistas fueron asesinados en el estado de Pará en sólo unos días. La historia se repite en otros países suramericanos, de la Amazonia colombiana o peruana a la cordillera andina en Chile y Argentina. En todos los casos, las comunidades campesinas e indígenas se enfrentan a los intereses de las multinacionales y sus socios locales en historias de resistencia que muchas veces son brutalmente reprimidas, como ocurrió en Perú el pasado septiembre, cuando las protestas contra la empresa canadiense Barrick Gold se cobraron una vida. * Publicado previamente en Foreing Policy. * Ilustración de Carlos Latuff. |